UPyD pide al Gobierno las medidas legales precisas para la modernización de la administración local mediante la fusión de los municipios de reducido tamaño y la supresión de las diputaciones provinciales.
Argumenta que la organización local procede del primer tercio del siglo XIX y la realidad actual es que 5.500 municipios tienen menos de 2.000 habitantes, y el 80% menos de 5.000.
Este partido cree que la eliminación de las diputaciones permitiría tener una administración más reducida y profesional, lo que dificultaría las contrataciones “clientelares” y la corrupción amparada en la proximidad, además de racionalizar la prestación de servicios públicos y reducir el número de concejales.
Según un estudio de UPyD, si los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes se fusionaran hasta tener como mínimo ese tamaño, el ahorro directo sería de unos 3.866 millones de euros, y llegaría a los 16.142 si el tamaño de los ayuntamientos fuera de al menos 20.000 habitantes.
El BNG propone también “un nuevo mapa institucional local que supere la actual delimitación provincial” y emprenda la “progresiva supresión” de las diputaciones y la reestructuración de funciones y competencias de los entes locales “en función de la realidad de cada territorio”.
En la misma línea, ERC emplaza al Gobierno a presentar antes del próximo mes de octubre un informe con calendario sobre la supresión de las diputaciones.
El grupo más tibio en este ámbito es CiU, que no pide directamente la eliminación de las diputaciones sino un “estudio sobre el futuro” de las mismas para “simplificar los actuales niveles de la administración pública”.
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