El
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia ha presentado una pregunta
ante la Mesa del Congreso de los Diputados respecto al proceso arbitral que se
establecerá para los afectados por las preferentes después de que ‘El
Confidencial’ publicara hoy la elección de KMPG para este trabajo.
En
primer lugar, UPyD pregunta al Gobierno si la elección se ha hecho mediante un
proceso de concurso público y, en caso negativo, si considera que ese tipo de
medidas son transparentes y si ése es el modelo de regeneración democrática que
defiende el Gobierno.
Por
otro lado, el grupo liderado por Rosa Díez quiere saber qué condiciones y
características posee el contrato del FROB con KPMG y qué garantías de
independencia y objetividad ha presentado la consultora para el proceso de
arbitrio.
Por
último, UPyD pregunta por qué se obligará primeramente al canje de acciones a
los afectados por preferentes, visto el valor actual de éstas para después
aplicar el arbitraje.
El
arbitraje para analizar cuántos de los 187.000 afectados fueron engañados y
pueden reclamar su inversión es un
trabajo en el que tanto Bankia como Economía se juegan gran parte de su
credibilidad.
Para
el equipo de José Ignacio Goirigolzarri, se trata de una operación fundamental
para resarcir el daño causado por el anterior equipo gestor a una gran parte de
su clientela, muchos de los cuales se pueden llevar el dinero de las sucursales
si no consiguen una buena compensación.
Para
el Gobierno, es la oportunidad de encontrar un camino para que los afectados
recuperen parte de lo perdido, lo que le puede ser muy útil. Con ello
conseguiría maquillar el uso de dinero público para financiar el mayor rescate
de una entidad financiera en la historia de España. Solo Bankia ha costado
24.000 millones de euros, que se pagarán con fondos estatales.
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