La cabeza de lista de UPyD al Congreso por Zaragoza, Cristina Andreu, ha explicado este martes las quince medidas que su partido propone para eliminar la corrupción y devolver "la dignidad" a los políticos y a la democracia. En rueda de prensa, acompañada por el número 3 al Congreso y responsable de Acción Jurídica del partido en Aragón, Ramón Gil, Cristina Andreu ha advertido de que la corrupción política es "una de las grandes preocupaciones" para UPyD y "una de las principales causas de desafección de la gente a la política".
Así, ha detallado que sólo las irregularidades en los contratos de las distintas administraciones "nos cuestan un 3 por ciento del PIB a los españoles" y ha observado que la corrupción tiene distintos orígenes, como la falta de transparencia en la utilización de fondos públicos, la falta de información o el hecho de que "no hay una Justicia independiente".
Además, los partidos políticos y sindicatos "tienen que dejar de financiarse con dinero público" y, por ello, UPyD ya se financia al 50 por ciento con las cuotas de sus afiliados, así como Andreu ha reclamado a partidos y sindicatos que sean transparentes en sus cuentas y, en el caso de formaciones políticas, las publiquen en sus páginas web como ya hace el partido que lidera Rosa Díez. En este mismo sentido, ha deseado que políticos y sindicatos respondan ante el Tribunal de Cuentas.
Otro de los orígenes de la corrupción, ha continuado Andreu, es la "deficiente financiación de los ayuntamientos y la ley del suelo", ha comentado, al lamentar que el resto de partidos no acepten las propuestas de UPyD alegando, por ejemplo, en el caso de que imputados en delitos con la administración no se incluyan en listas electorales "que no se puede dejar las mayorías de muchos ayuntamientos en manos de 1.000 jueces de instrucción". No obstante, por una aportación de este partido, las personas condenadas en primera instancia por delitos contra la administración pública no podrán figurar en esas listas.
Andreu ha asegurado que "este es un asunto en el que los dos grandes partidos se ponen de perfil porque los dos tiene que callar" y Ramón Gil ha agregado que la diferencia entre PSOE y PP y UPyD es que los dos primeros partidos presentan propuestas aisladas para eliminar la corrupción y coincidiendo con el periodo electoral, mientras que en UPyD la lucha contra la corrupción está "en todo su programa".
MEDIDAS REALES
Ante este problema, "queremos medidas reales y que abarquen todos los ámbitos de origen de la corrupción" y, por ello, desean poner en marcha una Ley de Principios y Medidas contra la Corrupción y por la Transparencia en la Gestión Pública; desarrollar el derecho de acceso a la información y publicitar los presupuestos, su ejecución, los salarios de funcionarios y gestores públicos y los gastos corrientes, entre otros, para conocer "hasta el último apunte contable" de la administración y sus empresas públicas".
Andreu ha recordado que en Aragón ya trasladó esta petición al consejero de Hacienda, Mario Garcés, que a su vez la ha explicado a los grupos de las Cortes, pero "a día de hoy no ha habido cambios en ese sentido".
Para mejorar la transparencia, también quieren poner en marcha una plataforma de datos abiertos que ponga a disposición de ciudadanos y empresas toda la información en poder de la administración que no esté clasificada.
IMPUTADOS EN LISTAS ELECTORALES
En quinto lugar, UPyD reclama que los imputados por delitos contra la administración pública no puedan ser candidatos en procesos electorales; y que se adopten medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o sociedad, asociación o fundación privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.
UPyD plantea que los responsables de órganos y empresas públicas rindan cuentas con carácter anual y públicamente sobre su gestión; adoptar una nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil y penal para quienes, tras ocupar un cargo público, se constate que han ocultado deudas o impagos; y modificar el código penal para eliminar la exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, para que puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o en provecho de sus cargos.
También piden luchar contra la corrupción administrativa y modificar la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia; reforzar las incompatibilidades en cargos públicos con intereses privados y limitar los mandatos a un máximo de dos legislaturas.
En este punto, Andreu ha advertido que desean la incompatibilidad del cargo de alcalde o concejal con la condición de diputado, senador o parlamentario autonómico o europeo y, en todo caso, abogan por no percibir más de un sueldo en caso de ocupar varios puestos de carácter político.
Otras propuestas del partido son "despolitizar" el Tribunal de Cuentas y que el mismo controle a partidos políticos, sindicatos y patronales; y prohibir las campañas de publicidad institucional de promoción de las administraciones, así como apuestan por suprimir el 'mailing electoral'.
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