La Asamblea de Madrid rechaza una iniciativa para impulsar la dación en pago

elmundo.es

El pleno de la Asamblea de Madrid ha rechazado una proposición no de ley de UPyD que pedía al Gobierno regional que instara al central a facilitar la dación en pago de los deudores que no puedan hacer frente a los préstamos que han contraído, con el fin de proteger a las personas insolventes.

La propuesta de UPyD sostenía que la dación en pago es "una solución para aquellos ciudadanos que no pueden hacer frente a la deuda de su hipoteca, por la pérdida de empleo o el descenso del valor de mercado de su propiedad".

Se trata de personas que, además de perder su vivienda, de acuerdo con la ley actual se ven obligadas a pagar el resto de la deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro que adquieran tras perder su casa.

El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha señalado que las comunidades autónomas también son responsables del aumento de los desahucios "por no haber ejercido el control adecuado sobre las Cajas de Ahorro, a las que les han permitido durante los años de la burbuja inmobiliaria crecer a costa de sus operaciones inmobiliarias".

Por eso, la propuesta de UPyD instaba al Ejecutivo regional a dirigirse al Gobierno central para que la dación en pago se establezca por ley como regla general de extinción de los créditos hipotecarios.

Reclamaba también instaurar el sistema "fresh start", para que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial, sin necesidad del consentimiento del acreedor.

Otra de sus peticiones era que se hagan las modificaciones legales oportunas que garanticen la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite el concurso y la pérdida de la vivienda.

Pedía también solicitar al Banco de España que dé instrucciones a las entidades financieras para que informen a sus clientes de la posibilidad de usar el crédito hipotecario con limitación de responsabilidad a la garantía hipotecaria.

Finalmente, proponía cambiar la legislación fiscal en sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales para facilitar las operaciones de dación en pago de los créditos hipotecarios ya celebrados.