Unión,
Progreso y Democracia (UPyD) quiere medir la voluntad del Gobierno de luchar
contra la corrupción y el próximo miércoles, en la sesión de control programada
en el Pleno del Congreso, le pedirá que dé el paso de tipificar como delito el
enriquecimiento ilícito de los políticos y la financiación ilegal de los
partidos.
La
formación magenta recuerda que en octubre de 2012, en una interpelación
anterior al Gobierno sobre reformas legales contra la corrupción, promovió la
aprobación de una moción, pactada con el PP, para acometer "las reformas
legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado
con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso,
seguir ostentando cargos públicos".
También
logró, a través de una enmienda aceptada por el PP en la reforma del Código
Penal en materia de fraude, que los partidos políticos y los sindicatos dejasen
de estar exentos de responsabilidad penal, equiparándose al resto de las
personas jurídicas.
Aunque
fue "un paso importante", UPyD sostiene que esa reforma penal no es
suficiente pues "la situación de impunidad permanece, como lo demuestra
los actuales escándalos de financiación ilegal que afectan a diversos partidos
y la existencia de numerosos cargos públicos, actuales o pasados, con un
patrimonio y un nivel de vida que son difícilmente justificables con sus
retribuciones oficiales".
LA
ALARMA SOCIAL NO PARA DE CRECER
Para
UPyD, en estos últimos meses "la alarma social" no ha hecho más que
crecer y la clase política "es más corrupta", a la vista de los casos
que aparecen en la prensa, lo que genera "una profunda desafección y
desconfianza de la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y hacia los
propios partidos políticos, a los que se acusa de permisividad, cuando no de
complicidad con la corrupción política".
Como
"es mucho lo que lo que está en peligro", el partido que encabeza
Rosa Díez cree "urgente adoptar medidas contundentes y decisivas!".
"Ya ha pasado la hora de las declaraciones de principios o de los acuerdos
partidistas, debiendo acometerse profundas reformas legales que sirvan para
combatir eficazmente esta lacra, que pone en cuestión el propio Estado de
Derecho y lastra seriamente nuestra economía", sostienen.
De
entrada, echan en falta en nuestro ordenamiento "un delito que castigue la
financiación ilegal por parte de los partidos políticos, sin perjuicio de que
la financiación ilegal pueda ser el resultado de ciertas prácticas irregulares
sancionables administrativamente". Tampoco hay un tratamiento sistemático
y homogéneo de la corrupción política, encontrándose una diversidad, poco
uniforme, de conductas.
Por
lo tanto, lo que proponen es "la tipificación de un delito específico de
financiación irregular, aplicable tanto a la ordinaria como a la electoral, en
el que incurrirían los propios partidos políticos a título de autor directo, en
el caso de que se descubran bienes, fondos o cualquier patrimonio (situado
tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser
debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente
vigente y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a
fiscalización ante el Tribunal de Cuentas".
Respecto
a los cargos públicos electivos, UPyD cree necesario incorporar a la legislación
penal el conocido como delito de enriquecimiento ilícito o injusto, "cuyo
elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio
desproporcionado de un político en relación con los ingresos que, por
obligación legal, debe declarar públicamente, siendo computado este incremento
patrimonial injustificado tanto respecto a bienes de su titularidad como a
bienes registrados formalmente en favor de meros testaferros o administradores
de hecho".
Según
UPyD, ese "enriquecimiento injustificado" deberá entenderse
"tanto por bienes o derechos como por condonación o cancelación
injustificada de obligaciones".
QUE
RESPONDAN CON SU PATRIMONIO
Para
finalizar, el partido magenta considera "imprescindible" reforzar el
régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que, "bien de
forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones
contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público,
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo".
Así,
"a los políticos que ocupen cargos en sociedades o entes públicos, muchos
de las cuales están espléndidamente retribuidos, se les podría exigir
responsabilidades personales y patrimoniales, de forma análoga a la
responsabilidad a la que están sometidos los administradores y consejeros de
las sociedades mercantiles, estableciendo para ello una regulación específica
que contemple un tipo de acción popular que permita iniciar los
correspondientes procedimientos judiciales".
De
todo ello quiere UPyD preguntar al Gobierno en la sesión de control del próximo
miércoles para saber qué medidas está tomando en ese sentido. Tras esa
interpelación, presentará una moción que se votará el próximo 12 de
marzo.(EuropaPress)
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